(Fuente: LaCordillera)
Desde que compraron sus residencias allá para el año 2009, muchos de los vecinos de la Urbanización Villas de Johnny Toledo en Cayey se percataron de que algo no marchaba bien. Desde la entrega de las primeras propiedades, comenzaron los problemas por aparentes vicios de construcción, dificultades con el alumbrado entre otras situaciones.
“Desde que se entregaron las primeras viviendas comenzaron los problemas con el desarrollador. Tuvimos problemas con el control de acceso, alumbrado, áreas de gazebos, entre otros incumplimientos del desarrollador”, denunció Sharon Nicolau Ramos, vice presidenta de la Junta de Residentes y portavoz de la comunidad.
Sin embargo, eso era sólo el comienzo. Tan pronto comenzó a estancarse la venta de propiedades, cuyos precios oscilaban alrededor de los $140,000, comenzaron también los rumores de que el desarrollador del proyecto vendería las unidades que no pudo vender, a la Administración de Vivienda Pública (AVP) para que la agencia de gobierno ubicara en el complejo de viviendas a participantes de programas subsidiados.
“El desarrollador vendió las 54 unidades que no tuvieron salida, a la AVP por $6.2 millones. No se consultó a la comunidad, no hubo ninguna carta. Todo el proceso fue en total secreto”, denunció Nicolau.
Según la portavoz de los residentes, todo el proceso de compraventa del proyecto levanta serias dudas. “LA AVP establecerá un programa de renta subsidiada. Ellos traerán personas a vivir aquí con los mismos requisitos que se establecen para mudar a alguien a un residencial público.
A nosotros se nos vendió un proyecto como un concepto privado. La transacción se dio en noviembre de 2012, veinte días después de las elecciones, cosa que también levanta cuestionamientos. Fue una transa-cción tipo chanchullo. Alguien metió la mano aquí”, advirtió la portavoz de los residentes.
Los residentes aclararon que no tienen ningún problema con las personas que reciben beneficios de la AVP, pues incluso muchos de los que residen en el complejo, son producto de los residenciales públicos de la isla. “Nuestro problema no es con las personas que se puedan mudar aquí bajo los programa de Vivienda Pública.
Nuestro problema es con el desarrollador del proyecto y con la AVP por la forma en que cerraron una transacción de espaldas a esta comunidad. Al cerrar la transacción por $115 mil ó $117 mil cada una, cuando nosotros compramos aquí por $137,500 a $142,500, se concreta una desvalorización de nuestras viviendas”, agregó.
Nicolau resumió las denuncias de los vecinos. “Estamos denunciando tres cosas importantes: no hubo consulta ciudadana ni transparencia en el proceso, pues nunca fuimos invitados a ninguna reunión; en segundo lugar, se desvalorizaron nuestras viviendas; y en tercer lugar, estamos secuestrados en nuestras propias vi-viendas porque hay personas aquí que aunque quisieran, no pueden vender sus propiedades porque aplicaron con unas cláusulas que así lo dispone”, lamentó Nicolau.
Los vecinos no se han quedado de brazos cruzados y han comunicado la situación a los senadores del distrito de Guayama. “Se aprobó en el Senado la Resolución Conjunta 176 y la Resolución 372. Fuimos convocados para el 18 de junio a las 9:00am en el Capitolio a deponer en una investigación que comenzará sobre esta transacción”, sentenció.
La Cordillera obtuvo copia de las Resoluciones aprobadas en el Alto Cuerpo Legislativo. Una de ellas faculta a la Comisiones de Vivienda y Desarrollo Rural a llevar a cabo una investigación sobre la dudosa transacción de compraventa entre el desarrollador del proyecto y al AVP. La otra ordena a la AVP a detener cualquier proceso de compraventa, arrendamiento o traspaso viviendas hasta que la Asamblea Legislativa culmine la investigación correspondiente.
“El desarrollador vendió las 54 unidades que no tuvieron salida, a la AVP por $6.2 millones. No se consultó a la comunidad, no hubo ninguna carta. Todo el proceso fue en total secreto”, denunció Nicolau.
Según la portavoz de los residentes, todo el proceso de compraventa del proyecto levanta serias dudas. “LA AVP establecerá un programa de renta subsidiada. Ellos traerán personas a vivir aquí con los mismos requisitos que se establecen para mudar a alguien a un residencial público.
A nosotros se nos vendió un proyecto como un concepto privado. La transacción se dio en noviembre de 2012, veinte días después de las elecciones, cosa que también levanta cuestionamientos. Fue una transa-cción tipo chanchullo. Alguien metió la mano aquí”, advirtió la portavoz de los residentes.
Los residentes aclararon que no tienen ningún problema con las personas que reciben beneficios de la AVP, pues incluso muchos de los que residen en el complejo, son producto de los residenciales públicos de la isla. “Nuestro problema no es con las personas que se puedan mudar aquí bajo los programa de Vivienda Pública.
Nuestro problema es con el desarrollador del proyecto y con la AVP por la forma en que cerraron una transacción de espaldas a esta comunidad. Al cerrar la transacción por $115 mil ó $117 mil cada una, cuando nosotros compramos aquí por $137,500 a $142,500, se concreta una desvalorización de nuestras viviendas”, agregó.
Nicolau resumió las denuncias de los vecinos. “Estamos denunciando tres cosas importantes: no hubo consulta ciudadana ni transparencia en el proceso, pues nunca fuimos invitados a ninguna reunión; en segundo lugar, se desvalorizaron nuestras viviendas; y en tercer lugar, estamos secuestrados en nuestras propias vi-viendas porque hay personas aquí que aunque quisieran, no pueden vender sus propiedades porque aplicaron con unas cláusulas que así lo dispone”, lamentó Nicolau.
Los vecinos no se han quedado de brazos cruzados y han comunicado la situación a los senadores del distrito de Guayama. “Se aprobó en el Senado la Resolución Conjunta 176 y la Resolución 372. Fuimos convocados para el 18 de junio a las 9:00am en el Capitolio a deponer en una investigación que comenzará sobre esta transacción”, sentenció.
La Cordillera obtuvo copia de las Resoluciones aprobadas en el Alto Cuerpo Legislativo. Una de ellas faculta a la Comisiones de Vivienda y Desarrollo Rural a llevar a cabo una investigación sobre la dudosa transacción de compraventa entre el desarrollador del proyecto y al AVP. La otra ordena a la AVP a detener cualquier proceso de compraventa, arrendamiento o traspaso viviendas hasta que la Asamblea Legislativa culmine la investigación correspondiente.
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