(Fuente: Wapa.tv)
Las organizaciones asociadas a las iglesias también estarían excluídas del proyecto de ley que prohibiría el discrimen por orientación sexual o identidad de género
(SAN JUAN, martes 9 de abril de 2012) - El secretario del Trabajo y Recursos, Lcdo. Vance Thomas, la Comisión de Derechos Civiles y el presidente del Senado, Eduardo A. Bhatia, favorecieron hoy una pieza legislativa que dispone establecer como política pública en contra del discrimen por orientación sexual e identidad de género en cualquier gestión gubernamental, pública o privada.
Además, le dieron su respaldo a la medida, la directora de la Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella del Recinto Universitario de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Palmira M. Ríos González, el presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, Larry E. Alicea Rodríguez, la directora ejecutiva de Puerto Rico Network for Clinical Research on Aids (PR CoNCRA), Rosaura López Fontánez, la coordinadora de Coalición Orgullo Arcoiris, Olga Orraca Paredes, y el director ejecutivo de COAÍ, José J. Mulinelli Rodríguez.
Tanto la CDC, como el DTRH y el presidente del Senado, Eduardo A. Bhatia coincidieron en 16 estados de los Estados Unidos está prohibido en discrimen en el empleo por orientación sexual e identidad de género, en el Congreso de los Estados Unidos se presentó un proyecto de ley para prohibir el discrimen en el empleo por razón de orientación sexual e identidad de género y el presidente Barak Obama hizo un llamado a que “nuestro recorrido no estará completo hasta que nuestros hermanos y hermanas gay se les trate igual a todos los demás según la ley.
Por el contrario, el sector religioso catalogó la medida discrimina contra la libertad de conciencia y libertad de culto, a la cual tienen derecho y que protege, según ella, la Constitución de Puerto Rico.
Ambas posiciones se produjeron durante una vista pública de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social, que preside Ramón L. Nieves Pérez, en la que se consideró el Proyecto del Senado 238, de su autoría.
El P del S 238 dispone “para establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico en contra del discrimen por orientación sexual e identidad de género en cualquier gestión gubernamental, pública o privada, enmendar la Carta de Derechos del Joven en Puerto Rico, la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico, la Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Ley de Municipios Autónomos y la Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI, a los fines de atemperar la legislación vigente a la política pública del Gobierno establecida en esta Ley y ordenar a todas las agencias, instrumentalidades, departamentos, corporaciones públicas, municipios, Rama Legislativa y Rama Judicial, a atemperar sus reglamentos de personal para exponer claramente esta política pública.
El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, tras expresar que apoya la medida, indicó que en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) creen firmemente en la protección de los derechos de los trabajadores y mejorar la calidad de vida de éstos. Un proyecto de ley, según dijo, que establece como política pública del Gobierno el repudio del discrimen por orientación sexual e identidad de género en cualquier gestión gubernamental, pública o privada, es un gran paso en la dirección correcta. Sin embargo, es necesario que se haga dentro de un paradigma jurídico social integrado.
“Además, en aras de establecer un justo balance entre el respeto a la libertad de culto y el respeto a la igualdad en el lugar de empleo, recomendamos que se incluya una cláusula en la cual exima de esta enmienda a ciertas organizaciones religiosas. Exhortamos a que esta disposición contenga parámetros claros para su aplicación, que distingan entre las actividades ecuménicas y comerciales llevadas a cabo por estas organizaciones”, dijo Vance Thomas.
En tanto, la Comisión de Derechos Civiles (CDC), representada por el Lcdo. Joel Ayala Martínez, expresó su beneplácito con la radicación del P del S 238 y resaltó el hecho de que el mismo contemple la identidad de género entre las categorías prohibidas de discrimen. Los derechos humanos y civiles, según dijo, son interdependientes e indivisibles, por lo que no se deben fraccionar ni segmentar.
A pesar de avalar el proyecto de referencia, entiende necesario y pertinente hacer las siguientes recomendaciones, de manera que la legislación atienda comprensivamente las realidades y necesidades de la comunidad de lesbianas, gay, bisexuales, transexuales y transgéneros (LGBTT). Al mismo tiempo, según dijo, las siguientes recomendaciones tienen el propósito de atender la problemática en todas sus dimensiones.
--Recomendamos que el proyecto instrumente de forma clara mecanismos para asegurar la implantación de la política pública anti discrimen, tales como la creación de protocolos y módulos educativos que sirvan como herramientas educativas y de sensibilización para los empleados públicos.
--Incluir disposiciones específicas para la creación de guías claras a ser adoptadas por el DTRH aplicables al sector privado, de manera que se facilite la implantación de la política pública a adoptarse mediante este proyecto.
--Garantizar que los funcionarios que van a liderar el proceso de implantación de la política pública están debidamente adiestrados sobre el tema y son sensibles a la problemática que se persigue atender con este proyecto.
Grupo de profesionales también le dan su apoyo al proyecto - De otro lado, la doctora Palmira Ríos, al apoyar la medida, expresó que la dignidad del ser humano es inviolable mandata nuestra Constitución. “Hagamos una realidad este compromiso con la igualdad de todos nuestros hermanos y hermanas, irrespectivamente de su identidad de género y orientación sexual. Al igual que abogamos por –y continuamos reclamando—la igualdad de los descendientes de África y de las mujeres, hoy estamos obligadas y obligados a demandar con igual vehemencia la igualdad y el disfrute de los derechos fundamentales de todas las personas LGBTT en Puerto Rico.
Además, le dieron su respaldo a la medida, la directora de la Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella del Recinto Universitario de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Palmira M. Ríos González, el presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, Larry E. Alicea Rodríguez, la directora ejecutiva de Puerto Rico Network for Clinical Research on Aids (PR CoNCRA), Rosaura López Fontánez, la coordinadora de Coalición Orgullo Arcoiris, Olga Orraca Paredes, y el director ejecutivo de COAÍ, José J. Mulinelli Rodríguez.
Tanto la CDC, como el DTRH y el presidente del Senado, Eduardo A. Bhatia coincidieron en 16 estados de los Estados Unidos está prohibido en discrimen en el empleo por orientación sexual e identidad de género, en el Congreso de los Estados Unidos se presentó un proyecto de ley para prohibir el discrimen en el empleo por razón de orientación sexual e identidad de género y el presidente Barak Obama hizo un llamado a que “nuestro recorrido no estará completo hasta que nuestros hermanos y hermanas gay se les trate igual a todos los demás según la ley.
Por el contrario, el sector religioso catalogó la medida discrimina contra la libertad de conciencia y libertad de culto, a la cual tienen derecho y que protege, según ella, la Constitución de Puerto Rico.
Ambas posiciones se produjeron durante una vista pública de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social, que preside Ramón L. Nieves Pérez, en la que se consideró el Proyecto del Senado 238, de su autoría.
El P del S 238 dispone “para establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico en contra del discrimen por orientación sexual e identidad de género en cualquier gestión gubernamental, pública o privada, enmendar la Carta de Derechos del Joven en Puerto Rico, la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico, la Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Ley de Municipios Autónomos y la Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI, a los fines de atemperar la legislación vigente a la política pública del Gobierno establecida en esta Ley y ordenar a todas las agencias, instrumentalidades, departamentos, corporaciones públicas, municipios, Rama Legislativa y Rama Judicial, a atemperar sus reglamentos de personal para exponer claramente esta política pública.
El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, tras expresar que apoya la medida, indicó que en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) creen firmemente en la protección de los derechos de los trabajadores y mejorar la calidad de vida de éstos. Un proyecto de ley, según dijo, que establece como política pública del Gobierno el repudio del discrimen por orientación sexual e identidad de género en cualquier gestión gubernamental, pública o privada, es un gran paso en la dirección correcta. Sin embargo, es necesario que se haga dentro de un paradigma jurídico social integrado.
“Además, en aras de establecer un justo balance entre el respeto a la libertad de culto y el respeto a la igualdad en el lugar de empleo, recomendamos que se incluya una cláusula en la cual exima de esta enmienda a ciertas organizaciones religiosas. Exhortamos a que esta disposición contenga parámetros claros para su aplicación, que distingan entre las actividades ecuménicas y comerciales llevadas a cabo por estas organizaciones”, dijo Vance Thomas.
En tanto, la Comisión de Derechos Civiles (CDC), representada por el Lcdo. Joel Ayala Martínez, expresó su beneplácito con la radicación del P del S 238 y resaltó el hecho de que el mismo contemple la identidad de género entre las categorías prohibidas de discrimen. Los derechos humanos y civiles, según dijo, son interdependientes e indivisibles, por lo que no se deben fraccionar ni segmentar.
A pesar de avalar el proyecto de referencia, entiende necesario y pertinente hacer las siguientes recomendaciones, de manera que la legislación atienda comprensivamente las realidades y necesidades de la comunidad de lesbianas, gay, bisexuales, transexuales y transgéneros (LGBTT). Al mismo tiempo, según dijo, las siguientes recomendaciones tienen el propósito de atender la problemática en todas sus dimensiones.
--Recomendamos que el proyecto instrumente de forma clara mecanismos para asegurar la implantación de la política pública anti discrimen, tales como la creación de protocolos y módulos educativos que sirvan como herramientas educativas y de sensibilización para los empleados públicos.
--Incluir disposiciones específicas para la creación de guías claras a ser adoptadas por el DTRH aplicables al sector privado, de manera que se facilite la implantación de la política pública a adoptarse mediante este proyecto.
--Garantizar que los funcionarios que van a liderar el proceso de implantación de la política pública están debidamente adiestrados sobre el tema y son sensibles a la problemática que se persigue atender con este proyecto.
Grupo de profesionales también le dan su apoyo al proyecto - De otro lado, la doctora Palmira Ríos, al apoyar la medida, expresó que la dignidad del ser humano es inviolable mandata nuestra Constitución. “Hagamos una realidad este compromiso con la igualdad de todos nuestros hermanos y hermanas, irrespectivamente de su identidad de género y orientación sexual. Al igual que abogamos por –y continuamos reclamando—la igualdad de los descendientes de África y de las mujeres, hoy estamos obligadas y obligados a demandar con igual vehemencia la igualdad y el disfrute de los derechos fundamentales de todas las personas LGBTT en Puerto Rico.
En cambio, Larry Alicea Rodríguez sostuvo que “sin entrar en el debate de quien tiene la mayoría con relación a esta temática, quiere recordarles que bajo interpretaciones dogmáticas y doctrinales basadas en la religión se han cometido grandes injusticias que el tiempo ha desenmascarado. La segregación racial, la esclavitud, el holocausto judío, incluyendo la misma persecución de la iglesia primitiva y de la misma Iglesia Protestante en sus inicios. Ustedes tienen en sus manos una oportunidad única de hacer historia. Actúen en justicia y serán vindicados por la historia, aunque reciban ataques y vituperios durante este proceso”.
De igual manera, Rosaura López Fontánez señaló que PR CoNCRA, se une a las voces que hacen reconocimiento del impacto que tienen los prejuicios y el discrimen por la orientación sexual o la identidad de género en la salud integral de las personas. “nos unimos al reclamo de la Organización Mundial de la Salud en ver el discrimen en empleo como un determinante que afecta la salud de las personas. En nuestra Institución, reafirmamos y reconocemos que todas las personas tienen derecho a disfrutar del más alto estándar posible de salud física, emocional y mental, que incluye los determinantes esenciales de la salud, y el acceso a la atención de la salud sexual, para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de todas las condiciones relacionadas al VIH/SIDA”, dijo.
Asimismo, Olga Orraca Paredes expresó que “como sociedad, preguntémonos en qué creemos y ojalá sean muchas y muchos los que podamos responder que creemos en la igualdad, en la justicia, en la vida, en la paz; que no sean pocas las personas que podamos decir que reconocemos y respetamos la diversidad. Preguntémonos cómo somos y que tengamos la posibilidad de decir que somos seres humanos conscientes y honestos. Que en nuestra Legislatura no avalemos patrones de discrimen y exclusividad, que no se protejan bajo ninguna circunstancia las desigualdades ni los privilegios”, expresó.
José J. Mulinelli, por su parte, indicó que Coaí, Inc. apoya los esfuerzos de “estas valientes legisladoras y legisladores que comprometidos con sus promesas nos presentan esta legislación que busca la equidad y el bienestar de sus ciudadanos más allá de sus posibles creencias espirituales y culturales. Reiteramos nuestro llamado de que sean parte de este momento histórico y asumaan la responsabilidad que sus ciudadanos les reclaman como mujeres y hombres capaces de actuar por el bienestar y la equidad de todo ser humano”.
Por su parte, Pedro Julio Serrano, fundador del National Gay and Lesbian Task Force, expresó que es una obligación de cada gobierno, y el de Puerto Rico no es una excepción, porqu, según él, es mandato constitucional erradicar todo tipode discrimen y no perpetuar la desigualdad hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y transexuales.
Esta Asamblea Legislativa, agregó, tiene que legislar para que la igualdad no sea una utopía y tiene la obligación constitucional e ineludible de hacerla realidad. “Esta Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de crecerse ante los tiempos, de hacer historia y convertirse en custodios de nuestros más altos valores de igualdad y de justicia”, dijo.
Sectores religiosos expresan oposición a medida - Por su parte, la pastora Wanda Rolón Miranda sostuvo que este proyecto tiene como meta penalizar a todo aquel que se exprese o simplemente pueda insinuar que no respalda la conducto homosexual.
Señaló, más adelante, que el conflicto directo entre este proyecto y las libertades de religión son tan obvias que saltan a la vista y hieren la retina. “En primer lugar, la vasta mayoría de las religiones que se practican en Puerto Rico poseen ciertos preceptos y ciertas convicciones sobre conductas sexuales, incluyendo la firme creencia de que la conducta homosexual es inmoral. En segundo lugar, este proyecto prohíbe que aquellas personas creyentes de alguna fe que viven conforme a su convicción de que, por ejemplo, el homosexualismo es inmoral, profesen tales convicciones..
Señaló, más adelante, que el conflicto directo entre este proyecto y las libertades de religión son tan obvias que saltan a la vista y hieren la retina. “En primer lugar, la vasta mayoría de las religiones que se practican en Puerto Rico poseen ciertos preceptos y ciertas convicciones sobre conductas sexuales, incluyendo la firme creencia de que la conducta homosexual es inmoral. En segundo lugar, este proyecto prohíbe que aquellas personas creyentes de alguna fe que viven conforme a su convicción de que, por ejemplo, el homosexualismo es inmoral, profesen tales convicciones..
Asimismo, indicó que uno de los aspectos más peligrosos de este proyecto “es el daño que ocasiona en las libertades religiosas afectando, entre otros, los patronos, empleados, negocios, profesionales, organizaciones de membresías, grupos comunitarios, entidades religiosas e instituciones educativas”.
Respondiendo a preguntas del senador Nieves Pérez, Rolón Miranda admitió que un empleado podría ser despedido por su patrono si se confirma que es homosexual y que la medida abriría una puerta peligrosa en Puerto Rico. Además, aseguró que bajo la ley vigente, ella no está de acuerdo con ningún despido injustificado.
De otra parte, Milton Picón, de Morality Media y Ricky Rosado, del Tribunal Cristiano, quienes se oponen a la medida, expresaron que cuando estas conductas sean protegidas por la ley, cualquier expresión negativa acerca de la homosexualidad u otras orientaciones sexuales, que se puedan interpretar como prejuicios van a resultar en daños a las personas que no estén de acuerdo con estos estilos de vida. Además, los cristianos que trabajan en el campo de la consejería se verían seriamente afectados en dar unos servicios, no se podrá operar ministerios que ayuden a las personas salir de la homosexualidad, ningún negocio cristiano podrá rehusarle servicios apersonas por asuntos de conciencia, será difícil controlar la desnudez en eventos y, por último, no se podrá negar el acceso a un baño público a personas de un sexo diferente al anunciado en dicho servicio sanitario.
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