Gobernador ampliaría Ley 54 para incluir parejas homosexuales

Un grupo multisectorial que defiende varios anteproyectos de ley que fueron repudiados por varios grupos religiosos durante una manifestación multitudinaria este lunes, planteó que el gobernador Alejandro García Padilla se ha reafirmado en la postura de ampliar la ley sobre la violencia doméstica o Ley 54, y endosar estatutos que ayuden a combatir la discriminación en Puerto Rico.

García Padilla se reafirmó en "ampliar la Ley 54 y en prohibir todo tipo de discrimen", dijo Amarilys Pagán, una de las portavoces del Comité Amplio para la Busqueda de la Equidad (CABE), cuyo objetivo a corto plazo es cabildear por la aprobación de un proyecto que atiende la debilitación del estatuto sobre violencia doméstica en el país y otro que busca mayores protecciones para los ciudadanos, sin que se considere su orientación sexual.

Pagán hizo las expresiones este martes, durante una conferencia de prensa en el Colegio de Abogados en Santurce, poco después que delegados del CABE acudieron a La Fortaleza y se reunieron con García Padilla, quien también concedió audiencia previa a religiosos opuestos a los citados proyectos de ley.

Según Pagán, quien también es líder del Proyecto Matria, centrado en la defensa de los derechos de las mujeres, García Padilla reconoció en la reunión con líderes del CABE que "tiene legisladores con los que tienen que trabajar".

Se refirió a reservas de parlamentaristas de la mayoría que no necesariamente apoyan las medidas presentadas por el representante Luis Vega Ramos y el senador Ramón Luis Nieves, ambos del gubernamental Partido Popular Democrático.

A juicio de Pagán, el cabildeo para adelantar la aprobación de los proyectos es "compleja" debido a las "posiciones diversas de legisladores", que no necesariamente entienden que lo que se procura legislar es un asunto de derechos humanos.

Algunos representantes y senadores "no tienen muy clara las diferencias entre los asuntos religiosos, los asuntos políticos y su posición personal", dijo Pagán. En tal sentido, subrayó que, un asunto es la visión personal del legislador y otra su deber como funcionario público.

Al legislador o legisladora, "se le paga para que piense por el bienestar del país", indicó Pagán al reconocer el reto de educar de forma amplia sobre la equidad. Recordó que "las iglesias no son monolíticas", por lo que "no hay una posición única de la iglesia" con respecto a los proyectos que defiende el CABE y que tiene entre sus integrantes a la Iglesia Cristo Sanador.

"Puerto Rico no aguanta más intolerancia e insensibilidad", dijo, por su parte, el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales, Larry Alicea Rodríguez, al destacar que su entidad se ha unido al CABE.

Alicea Rodríguez exhortó a gremios y entidades profesionales a unirse a su grupo multisectorial para fortalecer el apoyo al Proyecto de la Cámara 488, que enmendaría la ley para combatir la violencia doméstica para garantizar su amparo para toda persona, independientemente de su orientación sexual.

CABE también expresó ante García Padilla que apoya el Proyecto del Senado 238, para adoptar una política pública en contra del discrimen por orientación sexual e identidad de género en cualquier gestión gubernamental , pública o privada.

"Los sectores que no apoyan estas medidas están aliándose con la violencia estructural" que perjudica el país, comentó Sheila Rodríguez Madera, presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, que también se ha unido al CABE.

La presidenta del Colegio de Abogados, Ana Irma Rivera Lassén, argumentó que hay que abrir camino para romper la resistencia a la discusión de la sexualidad humana que todavía propicia la activación de "todo tipo de miedos" ante el debate de medidas como las cuestionadas por un sector religioso que se manifestó el domingo frente a la parte norte de El Capitolio.

Indicó que uno de los derechos fundamentales de la democracia es el derecho a la libertad de credo, pero precisó que "el Estado no puede propiciar ninguna religión desde el Estado" y no se puede imponer legislación con fundamentos religiosos para que aplique a todo el mundo.

Rivera Lassén recordó que la libertad de culto no es para combatir derechos humanos y tampoco se pueden utilizar fondos públicos para impulsar una determinada visión religiosa.

En tal sentido, CABE cuestionó que gobiernos municipales brindaran transportación a grupos religiosos para moverlos hasta El Capitolio.

Rivera Lassén dijo que si se usan fondos públicos para financiar actividades de corte religioso, se discrimina contra los otros sectores de la sociedad.

Olga Orraca, otra de las portavoces de CABE, recalcó que "en una democracia, el deber del Estado es garantizar los derechos humanos de cada persona y las comunidades lésbicas, homosexuales, bisexuales, transexuales y transgénero están constituidas por eso, por personas que son sujetos de derechos".

"Vivimos un momento histórico en el cual nos corresponde asumir con valentía la reivindicación de los derechos humanos de toda persona sin importar su orientación sexual o identidad de genero", agregó Orraca, también líder de la Coalición Orgullo Arcoiris.

A CABE se han unido, entre otros, la American Civil Liberties Union (ACLU), la Sección de Discrimen por Orientación Sexual y de Derechos Humanos de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Amnistía Internacional y el Movimiento Amplio de Mujeres.